“La licencia social es indispensable: se sostiene con cumplimiento, transparencia y evidencia.”

Giovanni E. Bloise

Con una ley minera vigente desde 1971, Giovanni E. Bloise describe su gestión en un punto de inflexión: modernizar el marco regulatorio y elevar la calidad de la conversación pública sobre minería responsable. En su lectura, el reto no es solo normativo; también es de legitimidad. La industria, sostiene, enfrenta desinformación y desconocimiento sobre riesgos y oportunidades. Por eso, el Estado debe sostener criterios claros, fiscalización consistente y estándares ambientales que cierren brechas históricas.

Su prioridad para 2026 se concentra en el anteproyecto de ley minera y en la política minera que la acompaña: un enfoque que reconozca la condición insular del país, asegure beneficios directos a comunidades receptoras y eleve el estándar de cierre ambiental al final del ciclo minero. En paralelo, plantea eficiencia institucional, digitalización y reglas que desincentiven la especulación con permisos. Hacia adelante, ubica a las tierras raras de Pedernales como un activo estratégico, con un camino técnico exigente que requiere estudios, pilotaje y validación para convertir potencial en proyecto bancable.

En el contexto 2026, ¿qué es lo más retador de su rol como Viceministro de Minas hoy?¿cómo lo está gestionando a nivel personal y de agenda institucional?

En el contexto actual y el de los últimos 4-5 años los principales desafíos son la adecuación del marco legislativo que rige la actividad en el país (la legislación actualmente en vigencia data del año 1971), la desinformación generalizada y el desconocimiento de la oportunidad que significa el potencial minero del país, así como comunicar y educar sobre la capacidad de la minería como industria capaz de convertirse en una plataforma de desarrollo integrable a otras actividades económicas, dinamizar la economía de regiones económicamente deprimidas y convertirse, a la vez, en un motor de transferencia tecnológica.

¿Cuáles son las 3 variables/señales del entorno que más pesan en su lectura estratégica del sector minero en RD? ¿por qué?

a) Licencia social. Evidentemente la industria sufre una campaña de desinformación fundamentada mayormente en desconocimiento, tanto de los riesgos ambientales reales como de la capacidad de la industria para crear las bases de una economía más resiliente y vacunada ante choques externos. b) Geopolítica. El tema geopolítico puede convertirse en una oportunidad para el país, ya que la urgencia de las potencias occidentales por asegurar acceso a minerales críticos desmonta riesgos económicos de los proyectos mineros al reducir el monopolio de comercialización de países como China. c) Precio de los commodities. El precio de los productos minerales siempre es una variable crítica al momento de decidir sobre un proyecto. Por eso, las ventanas de oportunidad deben ser aprovechadas: los recursos deben su valor a la demanda existente, atada a cambios tecnológicos. El movimiento de descarbonización está impulsando la demanda de metales como níquel, cobre, litio y tierras raras. Este pico puede variar con avances tecnológicos o el incremento de actividades como el reciclaje.

A partir de esa lectura, ¿cuál es la prioridad #1 de política pública/regulatoria para 2026?¿qué 2–3 acciones concretas ya están en marcha para ejecutarla?

La iniciativa más relevante es el sometimiento del anteproyecto de ley minera juntamente con la definición y socialización de nuestra política minera, tomando en cuenta factores muy importantes como nuestra condición de país pequeño insular, el beneficio a las comunidades receptoras de la actividad minera, la generosidad de nuestro potencial geológico y el aseguramiento de un cierre ambiental encima del estándar exigido por la ley al final del ciclo minero. Este proyecto de ley está actualmente en las fases finales del proceso de discusión y consenso entre las distintas entidades de gobierno (reguladoras y recaudadoras), así como por los actores privados de la industria, para su próxima introducción al Congreso Nacional.

Para mejorar previsibilidad, ¿qué cambios operativos o normativos están impulsando para el proceso de concesiones, permisos y seguimiento?

El cambio normativo más relevante radica en el requisito de la preexistencia de una licencia ambiental antes de proceder con la emisión de la concesión de explotación. Al ser la ley minera vigente anterior a la ley de Medio Ambiente (Ley 64-00), esta condición no estaba prevista. También estamos viendo con mucha atención las oportunidades de mayor eficiencia en el proceso de solicitud y otorgamiento de concesiones de exploración, así como de explotación. Hemos identificado duplicidad de esfuerzos y tiempo en tareas realizadas tanto por la Dirección General de Minería como por el Ministerio de Energía y Minas, así como oportunidades en la digitalización de información y plataformas en línea. Dentro del ámbito normativo, la ley también propone mecanismos para evitar la especulación con permisos de exploración y el acaparamiento de licencias que no reciben el nivel de inversión necesario para avanzar y tampoco están a disposición de inversionistas con aval técnico y capacidad financiera para invertir apropiadamente.

Comparta un caso reciente donde la licencia social estuvo en riesgo, ¿en qué punto suele romperse la confianza y qué mecanismos concretos están fortaleciendo desde etapas tempranas?

La licencia social es un requisito indispensable para cualquier operación minera-industrial y consiste en el reconocimiento, por parte de las comunidades huéspedes de la operación y otros actores, de la empresa operadora como un socio que agrega valor al colectivo social y cumple con las legislaciones aplicables, además de mantener un comportamiento ético y solidario. El cumplimiento pleno de la responsabilidad de mitigar adecuadamente los impactos ambientales de la operación es vital para mantener el crédito comunitario.

Un proceso interesante que puedo compartirles fue el reasentamiento involuntario de cientos de familias de varias comunidades vecinas de las operaciones de Barrick Pueblo Viejo, con fines de facilitar la construcción de un nuevo depósito de colas, necesario para la ampliación de la capacidad productiva de la mina y la extensión de su vida útil. El reasentamiento está siendo finalizado siguiendo los estándares del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. En varias oportunidades, actores externos intentaron imponer la agenda a los comunitarios, quienes no cedieron en mantener el control de sus intereses y destino, permitiendo el logro de un acuerdo tripartito (comunidad–empresa–gobierno) que facilitó la implementación exitosa del proceso.

¿Qué resultados verificables espera lograr el MEM en gobernanza y atracción de inversión minera responsable?

El objetivo primario es tener una nueva legislación promulgada, con claridad del beneficio directo a las comunidades y garantías de recursos para implementar un plan de cierre que mitigue los impactos ambientales al cese de operaciones. Otro desafío es mejorar el nivel de inversión que reciben las concesiones de exploración otorgadas para reducir significativamente el tiempo utilizado para conocer la definición del potencial minero de la propiedad.

En el eje talento + cultura de cumplimiento + tecnología, ¿cómo están fortaleciendo capacidades del Estado y del ecosistema? ¿Qué exigencias/indicadores le gustaría ver instalados como estándar en 12–24 meses?

Al tiempo de esta entrevista, se están fortaleciendo los equipos fiscalizadores tanto de la Dirección General de Minería como del Ministerio de Energía y Minas, así como realizando comparaciones (benchmarking) con los reguladores de países de tradición minera en Sudamérica como Chile, a la vez que incorporamos talento joven surgido de instituciones como la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), que mantiene una escuela de Geología y Minas. En términos de indicadores, estamos enfocados en la meta de lograr el 100% de las inspecciones programadas para cada periodo y añadir más rigor a los concesionarios en áreas críticas como la seguridad y salud del personal. En términos de transparencia, una meta clave del Ministerio de Energía y Minas, programada para implementarse antes de fin de año, es una plataforma informativa donde la ciudadanía tenga acceso a data operativa, de producción, desempeño ambiental y contribución económica del sector minero, incluyendo detalles del aporte de las principales operaciones mineras del país.

Mirando 2026–2027, especialmente en tierras raras, ¿cuáles son los hitos verificables para pasar de potencial a proyecto bancable y cuál es el diferencial competitivo que RD puede consolidar a 5 años si se hacen bien esas apuestas?

La ocurrencia de elementos de tierras raras (ETR) en las bauxitas de Pedernales puede convertirse en una gran oportunidad para el país y en un componente de generación de valor importante para la provincia. Las condiciones geopolíticas actuales proveen un gran apalancamiento al proyecto, incrementando nuestra posición estratégica como potencial proveedor de metales críticos en la descarbonización de la economía mundial. El proyecto posee retos tecnológicos: sería la primera operación global de extraer ETR`s a partir de bauxitas. Esta condición requiere un periodo de estudios más prolongado que una operación convencional, así como etapas de pilotaje inevitables para garantizar la factibilidad ambiental, técnica y económica del proceso escogido.

El equipo de la Empresa Minera Dominicana (EMIDOM) está trabajando en la cuantificación del recurso geológico (de acuerdo con estándares de la industria), así como en las pruebas metalúrgicas y de extracción junto con organismos de investigación y desarrollo de clase mundial en el área de tierras raras y metales críticos. Los resultados de estas fases, actualmente en ejecución, determinarían con precisión cuándo estaríamos listos para tener un estudio bancable; nuestro objetivo interno es tenerlo para fines del año próximo.

Factores clave

• Gobernanza: nueva ley minera + política socializada con enfoque territorial.
• Permisología: licencia ambiental previa, eficiencia institucional y digitalización.
• Confianza: estándares de cierre, fiscalización y acuerdos tripartitos en procesos sensibles.
• Transparencia: plataforma pública con data operativa, ambiental y contribución económica.

La agenda 2026 que describe el viceministro Bloise combina ley moderna, fiscalización rigurosa y transparencia pública para reducir riesgos y elevar competitividad. Su liderazgo se expresa en convertir temas sensibles como la licencia social, cierres y reasentamientos, en procesos con reglas claras, participación y acuerdos verificables. La confianza se protege con estándares ambientales, trazabilidad y beneficios comunitarios medibles, mientras la previsibilidad mejora al alinear concesiones con licencia ambiental y al digitalizar procesos. Fortalecer equipos de inspección con metas de cumplimiento, así como abrir data operativa y ambiental al público consolida legitimidad. En tierras raras, pasar de potencial a proyecto bancable exige estudios, pilotaje y validación integral, aprovechando la ventana estratégica por la demanda global de minerales críticos.