“La inversión energética requiere reglas previsibles, incentivos conocidos y procedimientos que no cambien de forma arbitraria.”

                                                                                                                                                     Betty Soto Viñas

Desde su rol como Viceministra de Innovación y Transición Energética, Betty Soto Viñas articula una agenda clave para el fortalecimiento institucional, la modernización del sistema eléctrico y la incorporación progresiva de tecnologías que habilitan una transición energética sostenible en República Dominicana. Su trabajo se sitúa en la intersección entre regulación, innovación y ejecución técnica, contribuyendo al desarrollo de marcos que facilitan la inversión, la integración de energías renovables y el avance hacia un sistema más resiliente. En esta conversación, aborda los principales desafíos del sector: almacenamiento, transmisión, financiamiento verde, digitalización y licencia social, elementos esenciales para consolidar una matriz energética más eficiente, confiable y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible del país.

Bajo su liderazgo, la matriz renovable ha pasado del 11.94 % al 25 % en tiempo récord: ¿Qué pilares de gobernanza y seguridad jurídica han sido determinantes para que el capital privado confíe e invierta en esta aceleración?

Ese avance se ha sostenido, principalmente, sobre tres pilares. El primero ha sido la estabilidad del marco jurídico. La inversión energética requiere reglas previsibles, incentivos conocidos y procedimientos que no cambien de forma arbitraria. En ese sentido, la Ley 57-07 y su reglamentación han dado una base clara para promover proyectos renovables y facilitar su viabilidad económica mediante incentivos fiscales y condiciones de desarrollo que el mercado ya conoce y valora.

El segundo pilar ha sido el fortalecimiento institucional. Cuando hablamos de esto, nos referimos a instituciones más confiables, con mejores prácticas de cumplimiento, mayor transparencia y capacidad técnica para acompañar el crecimiento del sector. La Comisión Nacional de Energía cuenta con certificaciones internacionales en gestión de cumplimiento regulatorio y antisoborno, lo que envía una señal importante al inversionista: que el sector se está gestionando con mayor formalidad, trazabilidad y estándares reconocidos internacionalmente.

El tercer pilar ha sido la planificación sectorial de mediano y largo plazo. Aquí no me refiero al plan más reciente, sino a la continuidad de una visión país expresada en instrumentos como el PEN 2004-2015 y el PEN 2010-2025, que contribuyeron a ordenar la conversación sobre temas tales como la diversificación, seguridad energética e incorporación progresiva de renovables. Esa combinación de marco legal, institucionalidad operativa y planificación sostenida permitió que la meta del 25 % de renovables al 2025 pasara de ser una aspiración para convertirse en un resultado reportado oficialmente.

¿Cómo experta en resolución de conflictos y derecho comercial: ¿Cómo aplica estas herramientas para alinear los intereses del Estado, las comunidades y los inversionistas en proyectos de energía limpia de gran escala?

Para abordar la alineación de los intereses entre todos los actores involucrados en la transición energética, lo más importante es identificar los intereses clave de cada parte. El Estado persigue desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de las normas vigentes. Las comunidades buscan beneficios locales, protección de su entorno y una mejor calidad de vida. Por su parte, los inversionistas procuran rentabilidad, seguridad jurídica y un entorno jurídico favorable.

Una vez identificados los intereses de cada actor, se hace imprescindible generar espacios de diálogo abiertos, promover acuerdos de participación, establecer estrategias de mitigación de impactos, garantizar transparencia en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas, de manera que podamos alcanzar un equilibrio y sinergia entre los intereses del Estado, las comunidades y los inversionistas, promoviendo así la ejecución de proyectos de energía limpia sostenibles y beneficiosos para todas las partes involucradas.

La meta del 30 % para 2030 es ambiciosa: ¿Qué ajustes regulatorios o incentivos específicos están diseñando para que la transición energética no sea solo un objetivo ambiental, sino un multiplicador de la rentabilidad país?

El siguiente salto ya no depende solo de incentivos fiscales; depende de diseñar mejores señales de sistema. La dirección correcta es combinar licitaciones con reglas claras, exigencias de almacenamiento, expansión de transmisión, respaldo flexible y selección de proyectos maduros.

Hoy el país ya reporta una cartera de más de 7,400 MW renovables en distintas fases y para este 2026 hay 10 proyectos en construcción que totalizarían 381 MW de capacidad instalada y 15 MW/60 MWh de almacenamiento por BESS, pero para llegar a 2030 se hace necesario movilizar alrededor de US$5,400 millones. En paralelo, el país se encuentra inmerso en el diseño e implementación de políticas orientadas a la efectiva incorporación de sistemas de almacenamiento para arbitraje y regulación de frecuencia, en el desarrollo de proyectos de hidrobombeo, y en la inversión en el fortalecimiento de la red de transmisión e infraestructuras que preparen al sistema para la incorporación de más renovables en su matriz, logrando que el sistema eléctrico sea más resiliente, robusto y sostenible.

La intermitencia de las renovables es el gran reto técnico: ¿Qué hoja de ruta institucional están trazando para que las tecnologías de almacenamiento pasen de ser una expectativa a una infraestructura operativa con KPIs de eficiencia claros?

La hoja de ruta ya dejó de ser conceptual y pasó a una fase regulatoria y de estructuración de proyectos. La Resolución CNE AD 0005 2024 estableció que los proyectos renovables de 20 MW o más incorporen baterías equivalentes a por lo menos el 50 % de su capacidad y con una duración mínima de cuatro horas; más adelante, la SIE emitió la Resolución SIE 164 2025 MEM para el marco de los Sistemas de Almacenamiento de Energía por Baterías (SAEB). Además, en junio de 2025 la CNE reportó 13 proyectos de almacenamiento con concesión definitiva y 21 con concesión provisional, mientras que el MEM proyectó unos 300 MW operativos hacia 2027.

El siguiente paso institucional es convertir concesiones en operación efectiva y medir desempeño con indicadores concretos: disponibilidad real, tiempo de respuesta, capacidad de desplazar energía a horas pico, soporte a frecuencia y reducción del vertimiento renovable.

República Dominicana se posiciona como pionera en el Caribe: ¿Cómo se traduce ese liderazgo regional en una mejora directa de la competitividad de nuestras industrias y en la reducción real de los costos de generación?

Ese liderazgo se traduce en competitividad cuando la transición energética deja de medirse solo en megavatios instalados y empieza a reflejarse en la menor intensidad energética del país. Hoy República Dominicana ya registra una participación renovable de más del 25 % y una cartera de más de 7,400 MW en proyectos en distintas fases. Los acuerdos de compra de energía renovable que se han venido firmando se han realizado con precios por kWh significativamente más bajos. Eso mejora la posición del país frente a la volatilidad de los combustibles importados y crea mejores condiciones para que la industria opere con mayor previsibilidad de costos en el mediano plazo.

El verdadero salto competitivo ocurre cuando esa energía renovable barata puede entregarse con calidad, firmeza y estabilidad al usuario productivo. Por eso el beneficio no depende solo de instalar parques solares o eólicos, sino de completar la ecuación con transmisión robusta, almacenamiento, respaldo térmico flexible y menor congestión de red.

Innovación y transición: ¿En qué medida la digitalización del sector y el uso de data/analítica están permitiendo una gestión más inteligente de la demanda y qué impacto proyectan en la factura eléctrica del usuario final?

La gestión del sistema eléctrico depende cada vez más de datos oportunos y de la calidad y precisión de los mismos. En República Dominicana, Data CNE concentra información sectorial y tableros dinámicos, e incorpora monitoreo en línea del SENI; además, el acuerdo de interoperabilidad entre la CNE y el Organismo Coordinador permite acceso al SCADA y a variables en tiempo real.

Un paso más avanzado son los gemelos digitales en la operación de los sistemas eléctricos de potencia, que permiten simular escenarios antes de actuar, detectar anomalías y mejorar la toma de decisiones. En el contexto del SENI, esto permitiría anticipar congestiones, evaluar contingencias y reducir riesgos operativos. El efecto sobre la factura no sería inmediato, pero sí puede traducirse gradualmente en menores costos por ineficiencias, menos pérdidas evitables y una operación más estable y económica.

“Gobernanza que impulsa el futuro”: ¿Cómo garantiza su despacho que la transición energética sea inclusiva, fomentando una licencia social que convierta a las comunidades en aliadas del desarrollo de infraestructura energética?

Una transición energética inclusiva debe apoyarse en información transparente, participación temprana, beneficios visibles para el territorio y mecanismos que permitan que la comunidad sea parte activa del cambio. Más de 21,000 usuarios generan su propia electricidad bajo medición neta y más de 70,000 personas participaron en programas de capacitación sobre uso eficiente de la energía durante 2025.

Empieza a cobrar relevancia el concepto de comunidades energéticas, aunque aún está en fase de estudio. La agenda ha avanzado en generación distribuida, techos solares, microrredes comunitarias y regulación, sentando bases para modelos más participativos en el futuro.

Al mirar el ecosistema de inversión: ¿Qué indicadores de banca verde y financiamiento sostenible están monitoreando para asegurar estándares internacionales de cumplimiento?

Un buen indicador de banca verde no solo debe mostrar cuánto dinero entra, sino qué tan atractivo es el país para que ese capital llegue, permanezca y se multiplique. Observaría tres señales: cuánto financiamiento adicional logra movilizar cada proyecto, qué tan rentable resulta en el tiempo y en qué condiciones obtiene ese financiamiento.

El 64 % de los proyectos renovables es financiado por acreedores del sistema financiero nacional e internacional. La banca local también ha ganado peso: el Banco Popular dominicano reportó más de US$600 millones financiados al cierre de 2025, asociados a unos 1,000 MW de capacidad instalada. Esto refleja confianza y madurez del mercado.

Como mujer líder en un sector estratégico: ¿Cuál es el legado de estructura y transparencia que busca dejar para que la transición energética sea irreversible?

Procuro cimentar una estructura institucional sólida y transparente que garantice la continuidad de la transición energética. Mis esfuerzos se orientan al fortalecimiento de la gobernanza con participación inclusiva, al impulso de la innovación en tecnologías limpias, a la promoción de alianzas público-privadas y al desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático.

En resumen, trabajo en la construcción de iniciativas que no solo impulsen una matriz sostenible, sino que lo hagan de manera estructurada, transparente y resiliente.

Factores Clave

• +7,400 MW renovables en cartera
• US$5,400 millones requeridos para expansión al 2030
• 64 % de proyectos financiados por banca
• +21,000 usuarios en medición neta

Su aporte se distingue por articular innovación, regulación y sostenibilidad dentro de un marco institucional que prioriza la transparencia y la eficiencia del sistema. Su rol contribuye a convertir la transición energética en un proceso estructurado, donde la tecnología, la planificación y el financiamiento se alinean con objetivos de desarrollo económico y social. Hacia adelante, el desafío será consolidar esa arquitectura con ejecución sostenida y resultados medibles. La transición no solo debe avanzar: debe sostenerse, escalar y generar valor para todo el país.